El concejal de Actividades en el Ayuntamiento de Xàbia, Alberto Tur, presentará en el próximo pleno una moción que busca el apoyo de toda la Corporación para pedir tanto al Ministerio de Industria como a la Generalitat que modifiquen la legislación que regula la apertura de estaciones de venta de carburantes.

Tur señala que desde la liberalización del mercado del combustible, ha proliferado la apertura de estaciones de servicio de venta de carburante al por menor “desatendidas” en todo el país. Concretamente en Xàbia ya han abierto dos y hay una tercera en construcción. La actual regulación –que considera una gasolinera como cualquier otro comercio al por menor- deja a los Ayuntamientos sin margen legal limitar su número ni siquiera atendiendo a criterios de estrategia urbanística.

El regidor pone de relieve que, a pesar de que el Pla General de Xàbia considera las estaciones de servicio para venta de carburantes como una industria -y por tanto solo las autorizaría en solo industrial- la Ley básica estatal las hace compatibles con los ámbitos zonales calificados como comerciales, anulando por completo la autonomía municipal y dejando sin argumentos a la Administración para poder rechazar que abran –como en los dos últimos casos- en plena zona urbana, a escasa distancia de viviendas y de una escuela, lo que ha provocado malestar entre los residentes y la comunidad escolar.

Es más, el responsable municipal recuerda que el Juzgado de lo contencioso–administrativo número 2 de Alicante invalidó una resolución municipal de 21 de diciembre de 2016 en la que se le denegaba el certificado de compatibilidad urbanística a una mercantil para construir este tipo de negocio en una parcela de su propiedad a la carretera de Gata.

Como apunta el alcalde, José Chulvi, el caso de Xàbia no es único. La problemática es común en muchos municipios por lo que espera que la moción cuente con el apoyo de todos los partidos y que sirva de inicio de un movimiento que reivindique desde los Ayuntamientos los cambios legislativos necesarios para recuperar la autonomía en este tema y poder decidir qué criterios urbanísticos son los adecuados para salvaguardar los intereses generales por encima de los comerciales y económicos.